La demarcación de vigilancia de la policía paceña abarca hacia el noroeste la calle Playa (actual Álvaro Obregón), hacia noreste la calle Iturbide (actual Manuel Torre Iglesias) en el barrio El Esterito), al sureste la calle Octava (actual Valentín Gómez Farías) y al suroeste la calle Legaspi en El Manglito; con una serie de puntos en muchas esquinas de la ciudad.

La fuente de financiamiento público  del Ayuntamiento para atender la vigilancia policiaca de la ciudad procedía del impuesto predial, de ahí que la propiedad de la tierra urbana históricamente estuvo asociada a la hacienda pública, porque representa un ingreso municipal importante como impuesto predial, y se convierte en una preocupación permanente de los ayuntamientos, que propició más adelante la transformación radical de las dimensiones de los solares del siglo XIX, como fue expresada muy claramente por Gastón J. Vives en 1904, en su calidad de presidente municipal, quien informó al jefe político lo siguiente (Piñeda, 2014: 30-31):

 

    Entre las causas que impiden que basten los ingresos municipales a satisfacer las necesidades públicas en las que se incluye la vigilancia policiaca, como sus atenciones lo requieren, resalta en mi concepto la de las condiciones excepcionales en que, por su extensión, se encuentra en esta ciudad.

 

   Los primeros Ayuntamientos al fraccionar el fundo legal, como fracción Mínima de terreno adjudicable, una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados, esto es una hectárea para cada cuatro familias. Las concesiones de esos grandes lotes de solares dieron por resultado la exagerada extensión que ocupan los 5 mil 500 pobladores de esta ciudad, pues se hallan extendidos en una superficie de seis kilómetros cuadrados, espacio en que cabría una población de tres veces mayor densidad. Ciertamente que la expansión ha tenido sus ventajas en cuanto a salubridad, pero en cambio ha hecho que las necesidades públicas excedan del límite que habrían tenido si la población hubiese estado compacta, alterándose de esa manera la relación económicamente necesaria entre la extensión de un poblado, el número de habitantes y el impuesto. Por esa circunstancia el alumbrado público, la policía, la compostura de calles, la limpieza, etc. reclaman mayores gastos que los que habría que derogar si la población estuviera reducida a los límites que podría estarlo.

 

     Se necesita el doble de los veintidós o veintitrés mil pesos que recauda al año el Ayuntamiento para atender debidamente esos ramos; suma que no será posible obtener aumentando los impuestos. (AHPLM, 1903-1904: Docto. 378)

 

     Un asentamiento cada vez más complejo como el que comenzaba a formarse en el puerto de La Paz requería de un ordenamiento legal que normara las relaciones entre los propios vecinos y entre éstos y el poder público, es decir, la convivencia social debía avenirse a un marco de disciplina tendiente a moldear conductas que favorecieran el desarrollo de las múltiples relaciones a que daba lugar la conformación del paisaje urbano. Al parecer fue un Bando de Policía y Buen Gobierno, expedido en 1833, la primera ordenanza que emitió el Ayuntamiento, con el argumento de que ningún individuo podía alterar el orden, violar las propiedades, ni poner en riesgo la seguridad personal sin hacerse acreedor a algún castigo. Por dicho bando se penó el uso de armas de todo tipo, sin previa licencia del alcalde municipal; los juegos de envite y azar, por ser distractores de las familias y buenas costumbres; arrojar en las calles y arroyo animales muertos y despojos de aves; las carreras de caballos por el centro de la población; la embriaguez, en especial para aquellas personas que terminaban tiradas en la calle y ofendían con palabras obscenas a los transeúntes; la vagancia, por considerar que toda persona (hombre o mujer) sin ningún oficio era responsable de la desmoralización de la sociedad. (González, 2016: 63-64).

 

    Con dicha reglamentación se buscaba no sólo que los vecinos se ciñeran a una disciplina para mantener la seguridad, salud y ornato en el pueblo, fue también el medio que sirvió a la autoridad para hacerse de recursos económicos con el fin de responder a las necesidades que exigía la concentración de habitantes en un solo lugar. (González, 2016: 64).

 

   Alrededor de la segunda mitad del siglo XIX se veía una transformación del paisaje urbano de la ciudad de La Paz relacionada al resurgimiento de la actividad minera en la cercana municipalidad de San Antonio y el importante desarrollo de la pesquería de perlas por las demandas de mercado extranjero. Aquí podemos denotar que la transformación del paisaje urbano desató un relajamiento de la conducta social, como daba cuenta el propio jefe político del Territorio al presidente municipal de La Paz:

 

Los escándalos, desórdenes que he presenciado en estas calles de esta ciudad, la abundante vagancia que en ella existe y el sinnúmero de juegos prohibidos que se toleran, me hacen proponer a usted como a la corporación que originalmente representa para que se ocupe de la formación de una ley de Policía para que con su ejecución desaparezcan tantas plagas que afligen a la sociedad y que no sirven sino para corromper la buena moral, base de la decencia de todos los pueblos. (AHPLM, 1868: Docto. 773)

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      Durante la política centralizadora del régimen porfiriano el ordenamiento policiaco tuvo una modificación adaptándose a los nuevos contrastes sociales y al proceso modernizador que se venía reflejando en la ciudad puerto.

 

     Ese reglamento de 1885 dejaba ver que el paisaje urbano de la ciudad de La Paz se distinguía por sus contrastes sociales y la aparición de conductas que eran consecuencia del proceso de modernización que experimentaba la ciudad y que alcanzaban no sólo a aquellos que se veían excluidos de dicho proceso sino también a los responsables de mantener el orden. (González, 2016: 84-85).

 

     Es de comentar que, respecto al código de conducta, se exigía al policía ser atento, urbano, quieto, ordenado, paciente, con vocabulario no obsceno, dominio de sí mismo y tener dignidad; en cuanto a los requisitos, era indispensable saber leer y escribir, conocer las cuatro reglas de la aritmética y ser vecino, por lo menos con una antigüedad de dos años. (AHPLM, 1885: Docto. 143)  a pesar de que la selección de este personal sí tomó en cuenta todo lo anterior, ello no garantizó el buen comportamiento del cuerpo policiaco bien portado, como lo dejan ver algunos documentos de la época escritos por vecinos y ciudadanos del puerto, donde se menciona su participación en riñas, incitación de éstas, ebriedad, provocar escándalos familiares que alarmaban a los vecinos y uso de vocabulario no apropiado; como fue el caso de la muerte de la Sra. Loreta Romero el 6 de mayo de 1908 a las 12 am en su casa habitación en la calle tercera, donde su esposo Cipriano Urías aseguraba estar viva cuando salió por leña y encontró su cadáver al volver.

 

    Asimismo, también se muestra el caso del 24 de diciembre de 1908, en el cual escribe un grupo mariachi una carta dirigida al presidente municipal por un inconveniente con un jefe policía el cual les canceló una serenata por estar a altas horas de la madrugada, les habló con un tono indebido e ignoró el hecho de que ellos le habían demostrado tener un permiso para tocar.

 

     Debido a algunos inconvenientes sociales como estos anteriores se mandó un oficio a la comandancia policiaca de manera urgente en el cual se mostrará la relación de dimensiones de vigilancia que corresponde a cada policía nocturno, las demarcaciones de vigilancia y la situación actual del cuerpo policía de La Paz. (AHPLM, 1908: Docto. 334),

En la relación de dimensiones de vigilancia se mostraron los puntos de estaciones mostrados en un plano con los nombres de las calles, números de las manzanas y el nombre de algunas familias, y señalamientos por donde se cruzaba: entre calles Iturbide y Segunda, entre calles Victoriano y Tercera, entre calles Ayuntamiento y Tercera, entre calles Ocampo y Cuarta, y entre calles Allende y Tercera. (AHPLM, 1908: MDP S/N se localiza en expediente foja núm. 37).

 

    Las demarcaciones de vigilancia iban desde: la calle Iturbide hasta el Esterito, la calle Iturbide hasta Hidalgo, la calle Central Hasta Hidalgo, la calle Comercio hasta Rosales; y la calle Allende hasta Legaspi; mientras que la situación del cuerpo de policía mostraba dos de la Policía Montada (Manuel Lucero y Bartolo Avilés) y siete de la Policía a Pie (Andrés Verdugo, Prisciliano Escobar, Esteban Avilés, Antonio Castro, Abel Gastelum, Miguel de la Peña y José M. de la Parra); ellos eran un comisionado en rastro, un guardia de comandancia, dos viejos policías, un policía enfermo, otro policía viejo, un policía nuevo y otro más policía viejo, respectivamente; nombrándose a los dos primeros como Policías a caballo.

 

    El informe y el plano dejaba mostrar la carencia e insuficiencia del cuerpo policiaco de la ciudad, la mayor parte de sus integrantes ya eran de edad avanzada y los demás eran relativamente nuevos en el trabajo, solo dos de los oficiales contaban con un medio de transporte siendo los únicos policías montados, el resto eran policías a pie limitando su campo de vigilancia y tiempo de traslado, asimismo las rutas de vigilancia no cubrían en su totalidad el área de la ciudad, debido a que este empezaba a extenderse con rapidez y no se podía cubrir toda la zona, cursando principalmente por la zona del centro del puerto.