UNA CÁRCEL PÚBLICA DECIMONÓNICA EN LA CIUDAD DE LA PAZ
Ramón Amador Victoria
Una edificación destinada a mantener confinados a todos aquellos individuos que no acatan las leyes impuestas por el Estado y que han sido condenadas por haber cometido un delito, la cárcel pública, representa un espacio de suma importancia al ser parte de la construcción social y cultural de una ciudad.
En La Paz, se dice que la construcción de la cárcel fue un afán de las autoridades casi desde el momento en que la ciudad-puerto comenzó a tener vida municipal desde la d En el año 1869, el entonces Jefe político y Comandante militar del Territorio de la Baja California, el General Bibiano Dávalos, solicitó a un perito de Sinaloa la elaboración de un plano y el cálculo del costo estimado de la obra, que, según los requisitos, debía contener 500 calabozos, un cuartel y dos salones de tamaño regular, en un espacio de 150 metros por lado, con materiales de ladrillo, piedra de cantera, cal, madera y fierro. (Gonzalez, 2016:132).
Se ordenó construir el edificio para cárcel pública a espaldas de la antigua Casa de Gobierno; frente a la calle Libertad, conocida después como calle Primera que hoy en día es la calle Belisario Domínguez, ubicado en la manzana formada por la antigua calle Ayuntamiento (actual 5 de mayo), el callejón Delicias (actual 18 de Marzo), la calle Independencia y la antigua calle Primera.
Ubicación de la Cárcel pública de la ciudad-puerto de La Paz construida en la segunda mitad del siglo XIX (González, 2016: 133)
A los siete días del mes de marzo de 1878, las autoridades de La Paz se comunicaron, por medio de un telegrama con el Secretario de Gobernación de México. En las primeras líneas del telegrama se expresó lo siguiente: “Se aumenta el número de presos; no hay cárcel, pido autorización para continuar la comenzada: hay fondos para ello” (AHPLM, 7 marzo 1878). Resultaba, entonces, que casi una década después de que se iniciaran los preparativos para la construcción de la cárcel pública en la capital del Territorio, la obra no se había concluido aún.
Se argumentó en dicho telegrama que, en el edificio comenzado, el cual servía de cárcel, se estaban acumulando un considerable número de presos, remitidos por las autoridades de los pueblos del Partido Sur, por lo que ni las condiciones de seguridad de dicho edificio ni los de la Fuerza Federal que lo custodiaba, por ser reducida, eran suficientes para garantizar seguridad general. Se tenía una verdadera urgencia por terminar el proyecto de obra de la cárcel pública. Una razón expresada, tanto por “conveniencia pública” como por seguridad, consistía en concluir dicho proyecto lo antes posible ya que era de temerse que inmigrantes, los cuales acudían desde las costas de Sinaloa hacia La Paz y al mineral de El Triunfo en busca de “trabajo remunerado”, se convirtieran en elementos de amenaza y desorden contra la propiedad. En vista de ello, el Gobierno de La Paz expresó a la Secretaría de Gobernación de México su disposición para perfeccionar la obra inconclusa. Para llevar a cabo ese propósito consultó con personas conocedoras del valor de los materiales de construcción y del precio de la mano de obra, y manifestó que “haciendo el trabajo a jornal, aún si se empleara la poca tropa de la que se podía disponer, saldría bastante caro” (AHPLM, Ibidem), tomando en cuenta que el costo de la parte ya levantada de la fábrica en ese entonces, que era poco más de la mitad de lo que se proyectaba hacer, tuvo un costo de $ 4,000 pesos. Se consultó con Manuel Ortíz, el maestro encargado de la obra cuando se emprendió, y este accedió a retomar el proyecto. Así, el sentido de dicho telegrama fue solicitar la aprobación de la Secretaría de Gobernación para continuar la obra de construcción de la cárcel pública por medio de un contrato con el maestro Manuel Ortíz, asimismo, se solicitó la autorización para “la aplicación de las cantidades asignadas a las cárceles de los otros pueblos del Partido Sur a la de esta capital” (AHPLM, Ibidem).
El 24 de abril de 1878, la Secretaría de Gobernación de México respondió a las autoridades de La Paz, expresando que era indispensable, antes que nada, que esa Jefatura remitiera en un oficio el presupuesto de la obra que había decidido emprender, absteniéndose entre tanto de celebrar contrato alguno sobre el asunto. A los cuatro días del mes de junio del mismo año, el maestro Manuel Ortíz entregó a la Jefatura Política del Territorio el presupuesto de los gastos “que importarían” para dejar terminada la obra de la cárcel de la ciudad de La Paz. Para obtener la suma total de la obra, se tomó en cuenta el coste por albañilería y materiales, carpintería y materiales, herrería, e imprevistos, para lo cual se iba a necesitar: cimientos, excavación y relleno; mampostería con piedra; muros de adoban o ladrillos pegados con mezcla o con lodo; dos pozos vestidos con ladrillos desde el fondo a la boca con excavación en una profundidad de 14 metros 50 centímetros; manufactura de enjarres; el trabajo de un albañil con dos peones para enladrillar; 10 000 losetas o baldosas para techos, tandas dobles; un fierro para nivelar patios y hacer lodo, 5 500 adobones para enladrillar calabozos, pasillos, cocina, lavadero y cuartos de depósito; 300 fanegas de cal para techos, enjarres y blanqueos; 150 carros arena; 12 puertas para ventanas grandes, puertas para comunicación con herraje y dos más para cocinas y lavadero; trabajo carpintero y lavazón para los techos; 2 puertas para los depósitos; 17 000 pies de madera para solares y pilares; 5 000 tablas para todos los techos; cuatro golpes de hierro para entrada a dos calabozos y a dos patios; 5 rejas para calabozos; y lozas, baldes y bateas. La suma total, tomando en cuenta el precio de todos los materiales, fue de 10, 198.00 pesos.
El 19 de junio, del mismo año, la Jefatura Política del Territorio remitió el oficio solicitado por la Secretaria de Gobernación de México casi un par de meses antes. El oficio contenía una minuta cuya información daba cuenta de los antecedentes sobre la obra de cárcel pública de la ciudad de La Paz. En el escrito se expresó que en el año de 1874 el General Bibiano Dávalos, Jefe Político del Territorio en ese entonces, encargó formar planos de cárceles y se interesó en construir una en la capital de la península. Los planos fueron formados sirviéndose de norma las cantidades que el Presupuesto de Egresos destinaba al efecto y se procuró que tanto las cárceles como las fincas para construirlas fueran económicas. Los planos fueron aprobados por las autoridades; sin embargo, no pudieron llevarse a efecto debido a las cuestiones locales que posteriormente se suscitaron y que concluyeron con la deposición del Dr. Gral. Dávalos.
En el año de 1875 el Dr. coronel Velazco, quien sustituyó al Dr. Dávalos como Jefe Político del Territorio, dio principio a los trabajos de la cárcel del puerto de La Paz, ajustándose al sistema de jornales, creyéndolo el más económico y el que le permitiría hacer uso de la tropa. Así, pues, levantó a una altura de 4 metros, término medio, las paredes de las localidades que, en el plano que se adjuntó, tenían los nombres de calificación: Guardia y Alcaidía, y, asimismo, formó los cimientos a línea de tierras de las demás paredes, que en dicho plano se marcaron con carmín, pero sin tener puertas ni otra cosa, simplemente las partes de nombres y los cimientos. En la minuta se declaró que el coronel Velazco había alterado el plano primordial de la cárcel, el cual tenía mejor distribución y mejor forma. Si bien se desconocieron cuáles fueron los motivos estrictos que hicieron que el Jefe Político tomara la decisión de hacer cambios en el plano original de la obra, se arguyó que posiblemente lo hizo para reducir el costo. Cuando el mes de abril de 1876 agonizaba, el Coronel Máximo Velazco también lo hacía, y, antes de que acabara dicho mes, el Jefe Político del Territorio se encontró con la muerte.
Planta de de distribución del proyecto de la Cárcel Pública de la ciudad-puerto de La Paz ubicado en las antiguas calles Libertad entre Ayuntamiento e Independencia (AHPLM, 7 marzo 1879)
Se mencionó que debido a la muerte del coronel Velazco, la relacionada finca quedó inútil para utilizarla porque, durante un tiempo, no se podían encontrar los materiales de construcción. No obstante, fueron encontrados más tarde; estaban encerrados dentro de un pequeño cuarto, “sin más ventilación que la que daba una sola puerta” en el interior del cuartel, dando lugar a que durante los fuertes calores del verano pudieran desarrollarse entre los materiales enfermedades contagiosas, lo que obligó a las autoridades a sacarlos con frecuencia. A las autoridades les pareció conveniente techar provisionalmente la obra comenzada y los materiales con tablas, y, con ello, mejorar en algo la situación; sin embargo, luego de que comenzaron las lluvias se tuvo la necesidad de devolver todo a su antiguo local. Dadas las circunstancias, las autoridades del Territorio le solicitaron a la Secretaria de Gobernación de México en una minuta con fecha del 31 de septiembre de 1877, la autorización para aplicar a dicha obra las cantidades que destinaba el presupuesto para la construcción de cárceles en las municipalidades del Partido Sur, en vista de que, por consignación del Juez de 1ª Instancia del Partido, eran enviados a La Paz los individuos que cometían diversos delitos en las demás municipalidades. No obstante, esa minuta no llegó a su destino, así que se enviaron otros dos mensajes: uno en febrero y otro en marzo de 1878.
Tomando en cuenta esos antecedentes, la Jefatura Política del Territorio decidió continuar la obra de cárcel pública, tomando la propuesta del maestro Manuel Ortíz por ser el más capaz y presentar la propuesta “más acertada, económica y de mejores garantías”. El maestro Ortíz propuso concluir una parte de la obra, por la suma de 3,500 pesos, poniendo techos, pisos de madera, puertas, ventanas y pintura general. A las autoridades les pareció inmejorable la proposición y se comunicaron de inmediato con el Administrador de Rentas para celebrar el contrato con el maestro de obra. En el mismo oficio con fecha del 19 de junio de 1878, la Jefatura informó a la Secretaría de Gobernación de México que la obra “podría decirse que estaba concluida”, y que “podía utilizarse a finales del mismo mes”. En el mismo oficio se adjuntó el plano de la obra y en la minuta se informó que la obra quedó terminada: “tres piezas, con calificación de guardia y alcaldía, con una altura de seis metros y siete en la fachada, con dos puertas grandes y dos de rejas; dos ventanas con sus puertas; pisos de madera y techos de la mejor madera; paredes de adoban con un grueso de 45 centímetros pegados con mezcla y lodo al interior. Tres paredes que formaban el recinto de un patio provisional levantados a cinco metros de altura con el mismo espesor y material que las anteriores; se dijo que estas paredes servirían al continuar la obra para los futuros salones de encierro, según lo marcado en dicho plano con color azul”. Por otra parte, faltó por hacer: “todo lo que en el relacionado plano estaba marcado con tinta azul, que eran: salones para encierro de hombres y mujeres, patio general dividido por una pared para separación de los dos sexos, corredores de desahogo, piezas para lugares comunes, cocina, pozo común, pileta para lavarse, todo del mismo material y dimensiones marcadas”.
Lo que se había construido hasta ese momento se utilizó para tener una prisión momentánea, mientras se terminaba el resto de proyecto, el cual se dijo tenía que ser concluido para que “diera honra a la presente administración”.
Ya con todo lo expuesto, la Jefatura Política del Territorio, sin reiteraciones, solicitó a la Secretaría de Gobernación de México el consentimiento del presidente de la República para terminar lo que faltaba de construir en la obra, aprobando el presupuesto.
El 25 de julio de 1878, la Secretaría de Gobernación de México envió un comunicado en el que señaló que el Presidente de la República había tenido a bien aprobar en sus términos el contrato que el Administrador de Rentas de aquel Territorio, autorizado por esa Jefatura, celebró con el maestro de obras, Manuel Ortíz, con el objeto de continuar los trabajos de construcción de la cárcel de esa capital, por cuyo convenio se dispuso el maestro Ortíz a terminar por la suma de 3,500 pesos la parte de la obra que en dicho edificio estaba comenzada; sirviéndose, asimismo, disponer que las cantidades que se ministraron por la suma de 10, 198 pesos se cargaran a las partidas no. 4082 y 4083. Manifestó, además, que ese acuerdo ya se estaba comunicando a la Secretaría de Hacienda para su inteligencia y fines consiguientes.
El 18 de febrero de 1879, el Jefe Político del Territorio a nombre del Gobierno envió un comunicado al presidente municipal de La Paz, solicitando la celebración de un contrato con el maestro de obras Manuel Ortíz para la conclusión de la cárcel pública de esa capital.
También era menester para las autoridades terminar la obra de la Cárcel Pública de La Paz, debido a que, en más de una ocasión, se presentaron casos de soldados acusados de complicidad en la fuga de presos (AHPLM, 25 junio 1879).
El antiguo edificio decimonónico de la cárcel pública en la ciudad de La Paz quedó concluido a fines de 1879, “muy a propósito para el control social, es decir, para aislar y castigar a todas aquellas personas que se salen de los límites permisibles por la sociedad y el Estado”. (González, 2016: 132).
El edificio de la cárcel pública de una sola planta se amplió a dos plantas reconstruyéndose en el siglo XX para reconvertirlo en un edificio escolar que albergó por un tiempo a la escuela Normal y a las emblemáticas Secundaria y Preparatoria José María Morelos y Pavón.
Edificios de la antigua Cárcel Pública (AHPLM, No. inventario: 02417) y de la antigua Secundaria José María Morelos y Pavón (AHPLM, ca.década 1950) .
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
ARCHIVO HISTÓRICO PABLO L. MARTÍNEZ. (1878. La Paz, marzo 7). Presupuesto para la construcción de la Cárcel Pública de La Paz, aprobado por la superioridad. Gobernación. Exp. S/N (IV/V-141/E-S/N/L3/38FF) Contiene: Un plano relativo al asunto. Localización: MPD núm. 33/ Mapoteca/ Planero/ Gaveta núm. 2.
ARCHIVO HISTÓRICO PABLO L. MARTÍNEZ. (1879. La Paz, junio 25). Consignación ante el Juzgado de Primera Instancia de los soldados Crispín Hernández y Celso Pérez, acusados por complicidad en la fuga de los presos de la Cárcel Pública de La Paz, Daniel Gastélum y Candelario García. Justicia. Exp. 8 (IV/V-149/E-8/L-6/6FF)
GONZÁLEZ CRUZ, Edith, RIVAS HERNÁNDEZ, Ignacio, ALTABLE, Francisco, La Paz, sus tiempos y espacios sociales, México, Gobierno del Estado de Baja California Sur, Secretaría de Cultura, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Archivo Histórico Pablo L. Martínez, 2016.